Acogida, escucha, prevención y formación son las claves de la Iglesia en España ante los casos de abusos a menores y personas vulnerables. Para ello, en algunas diócesis se han implementado procesos comunes para la protección de menores, protocolos para los centros educativos y formación para profesores y alumnos para la detección y prevención de abusos.

La Conferencia episcopal española (CEE), en su portal web, pone a disposición una serie de documentos que en cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede, informan sobre los protocolos y las oficinas para la protección y presentación de denuncias por abusos cometidos.

Las diócesis españolas y diversas instituciones religiosas -refiere una nota de la CEE- han creado oficinas de atención a las víctimas así como cauces para la presentación de denuncias y protocolos de actuación que están vigentes en sus diversos ámbitos.

Como cada diócesis tiene autonomía para proceder en la organización de estas oficinas, (siempre siguiendo lo dispuesto en el Motu Proprio del Papa Francisco Vos estis lux mundi), considerando que la protección de menores y personas en situación de debilidad es una prioridad para esta iglesia diocesana en Coria-Cáceres y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.1 del Motu proprio, en el que se establece que las distintas diócesis creen “algún sistema estable y fácilmente accesible”  para presentar los informes referidos a abusos sexuales en el seno de la Iglesia, se decidió instituir de forma oficial esta Oficina, que,  con sede en el Obispado (Plaza de Santa María, nº1 de Cáceres),  compuesta por D. Ramón de la Trinidad Piñero Mariño, junto con varios expertos en materia jurídica, psicológica y familiar. El teléfono de atención es el 927 24 52 50 y el correo electrónico: oficinarecepcion@diocesiscoriacaceres.es. Tras casi un año de apertura, desde principios de marzo de 2020, no se ha recibido ninguna denuncia.

De este modo, la Iglesia asume el compromiso de cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso.