En la mesa redonda organizada por el Foro de Laicos de nuestra Diócesis hace unos días, se puso de manifiesto la implicación de algunos grupos católicos en diversas plataformas que buscan la pronta aplicación de la ley extremeña sobre la llamada “renta básica. No es algo nuevo ni extraño a las Iglesias Diocesanas de nuestra región. Pronto se cumplirán los quince años de la celebración del Congreso titulado “La Iglesia en Extremadura ante la Pobreza” en cuya declaración final se pedía algo similar: la instauración de un sistema nacional de renta mínima garantizada. 

Tuvo lugar aquel importante encuentro regional en el año de preparación para el Jubileo que estaba dedicado a Dios Padre y a la Caridad. Se quería “subrayar más decididamente la opción preferencial de la Iglesia por los pobres y los marginados”, a hacer del “compromiso por la justicia y la paz en el mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales, un aspecto sobresaliente de la preparación al Jubileo… a hacernos voz de los pobres del mundo” (Cf. TMA, 51).

Sirvió para impulsar en nuestra Diócesis el compromiso socio-caritativo de los cristianos a favor de los más necesitados. Particularmente se ha desarrollado Cáritas tanto en sus programas diocesanos como en su presencia en las parroquias, se ha incrementado el voluntariado católico en sus diversas instituciones y la cantidad de recursos empleados.  Especialmente en los últimos años de fuerte crisis económica, hemos procurado unir nuestros  esfuerzos a otras organizaciones sociales y a las administraciones públicas. Pero todo es poco para responder adecuadamente ante la situación dramática que están sufriendo numerosos hogares, que han visto disminuir e incluso desaparecer totalmente sus ingresos.

Se suceden las campañas de recogida y distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad. Se hacen colectas extraordinarias, rifas y otros medios para recaudar dinero que son bien conocidos pero resultan insuficientes. En los últimos meses diferentes colectivos, entre ellos también asociaciones y grupos católicos, vienen reclamando de la administración pública la implantación en nuestra región de la “renta básica”, con el objeto, según dice la misma ley, de “cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y a promover su integración social y laboral”.

El mejor paso de la exclusión a la integración se da cuando la misma persona adquiere los recursos necesarios desempeñando  un trabajo, pero en esto tiempos de estancamiento económico y grave dificultad para acceder a un empleo, los poderes públicos no pueden desatender a los más desfavorecidos en sus necesidades más básicas ni dejarlos únicamente a expensas de lo que puedan ofrecerles las organizaciones sociales.

Pido a todos los fieles cristianos de la Diócesis que cuiden la acogida y el acompañamiento cercano a quienes hoy pasan necesidad, ofreciéndoles  la ayuda que puedan. También en aquel Congreso que citaba al inicio de este artículo, se decía que, en la búsqueda de la Justicia, es propio también, de los laicos cristianos su participación en las diversas instituciones para contribuir a que éstas sean instrumentos de desarrollo comunitario y de actuación a favor de los más pobres.

Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres