España era conocida en la UE como el país con el sistema de acceso a la salud más igualitario. La ley pretendía que todos, españoles o inmigrantes, con papeles o no, tuvieran los mismos derechos sanitarios.

España entendió bien que con la salud no se jugaba. La visita al médico quedó al margen del control de fronteras. Pero, desgraciadamente, eso terminó y el derecho a  proteger la salud, se ha convertido en una frontera más a superar. El Gobierno Español acaba de dar, desde el 1 de septiembre, un enorme paso atrás en política sanitaria.

La crisis actual, más que económica, está ganando también la partida de los derechos humanos. Con la crisis como excusa, se ha dejado de considerar que la salud es, junto a la vida, uno de los bienes más preciados para todos. No sólo para unos pocos.

En septiembre ha entrado en vigor un Real Decreto de abril pasado, que trata de reducir el gasto sanitario. En el decreto se da un cambio radical a los artículos de la Ley de Extranjería que regulan la asistencia sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia, “sin papeles”. Por tanto, a este colectivo se le retirará la tarjeta sanitaria, y no tendrán derecho a ser asistidos, salvo los menores de edad y las embarazadas. Sólo podrán acudir a las urgencias. Con esta medida, según el gobierno, se ahorrarán unos 500 millones de euros. Antes, todos los “sin papeles” tenían acceso a la asistencia sanitaria, si se hallaban empadronados en el municipio de residencia, la cual no ha sufrido, por ello, merma en la muy cualificada atención sanitaria de todos los ciudadanos, foráneos o de aquí; sin embargo, han abusado de ella sin duda “los turistas sanitarios”, no inmigrantes. Abuso que denunciamos.

La España solidaria ha dado un giro brutal e injusto hacia las posiciones más duras de la UE, como Suecia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Rumanía…

En esta Europa de la democracia y los derechos humanos, se ha creado una “segunda categoría” de personas en el acceso a la salud, violando un derecho fundamental e inalienable. Negar la asistencia a este colectivo, supone algo muy grave, para personas con escasos o nulos ingresos, pues, según los datos de las organizaciones que las atienden, un gran número de ellas, sufren niveles extremos de explotación, de pobreza y exclusión.

Por otra parte, dejar al margen de la sanidad a un colectivo de personas, residentes en un pueblo o ciudad, anula en parte la eficacia de las medidas de salud pública que se hayan tomado. ¿Qué eficacia tendrían las medidas para prevenir una pandemia de gripe A, si se margina a una parte de la población"

Además, si al colectivo de los “sin papeles” se les da solo asistencia sanitaria en urgencias, a la larga resultará más caro, y correrá el riesgo de saturarse. Pensamos que resulta mucho más barato y eficaz curar a las personas en las primeras etapas de la enfermedad, que cuando ya se ha agravado.

Hay países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Italia y Portugal, que no han recortado la cobertura sanitaria de los “sin papeles”, a pesar de que están pasando por situaciones económicas dificultosas.

Según una estimación aproximada, la población extranjera, residente en España, en situación irregular, se acerca a  las 600.000 personas. El censo más numeroso está en la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña... En Extremadura, se estima un censo de inmigrantes “sin papeles” cercano a las 1.000 personas.

La Iglesia, en su Doctrina Social, clama contra esta medida injusta y nos dice con toda claridad: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales e inalienables, que deben ser respetados en cualquier situación” (Erga migrantes caritas Christi).

Nuestros Obispos, bien en sus diócesis, o a través de la Conferencia Episcopal Española, han levantado su voz contra esta medida discriminatoria, injusta e inmoral, y han denunciado los recortes del Real Decreto: “Para la Iglesia, el inmigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…). El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona”. (Conferencia Episcopal Española, “ La Iglesia en España y los inmigrantes”).

Numerosas entidades como Cáritas, la HOAC, la JOC, Servicio Jesuita a Migrantes, Pueblos Unidos, Andalucía Acoge, PICUM, CEAR, Federación SOS Racismo, APDH-A, etc. exigen una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas, sin distinción, ni discriminación alguna. Todas ellas nos invitan a las comunidades cristianas y a la sociedad, en general, a asumir nuestra especial responsabilidad, en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.

Este paso atrás, dado por la administración en la asistencia sanitaria de los más débiles, nos fuerza a plantearnos estas cuestiones:

- ¿De verdad va a suponer un ahorro significativo"

- ¿Se pueden eliminar derechos universales ya reconocidos, sin más"

- ¿Es legítimo, social y políticamente, desproteger a los más vulnerables"

- Dejar a los inmigrantes en situación irregular, sin tarjeta sanitaria, en manos de instituciones socio-caritativas y ONGs, indica dos cosas:

 - Que se considera la asistencia sanitaria básica un lujo.

- O que se desprecia a algunas categorías de personas, negándoles lo que les corresponde, como derecho humano.

Sin duda, son muy encomiables las iniciativas de varias comunidades autónomas y de numerosos profesionales del sector sanitario, que han decidido no seguir esta legislación y atender a todas las personas inmigrantes, que soliciten consulta médica, con papeles o sin ellos. Es un compromiso valiente, en aplicación a su código ético-deontológico, por el que se sienten obligados a prestar atención a las personas que la necesiten.

Esta Delegación Diocesana de Migraciones suscribe esta denuncia a favor de los inmigrantes “sin papeles”, y pide el “apoyo solidario” de la sociedad en general y de la comunidad cristiana, para que el Gobierno reconsidere y derogue este injusto Real Decreto.

Delegación Diocesana de Migraciones de Coria-Cáceres